Autor: Prudencio García Martínez de Murguía.

Investigador y consultor de la Fundación Acción Pro Derechos Humanos

Ex miembro de la División de Derechos Humanos de ONUSAL (Misión de la ONU en El Salvador)

Artículo publicado en La Vanguardia, el día 30 de noviembre de 2011

Nuevo aniversario de la tragedia. Pone los pelos de punta al visitante la contemplación de la pequeña lápida, al saber que junto a ella, allí mismo, sobre aquel pequeño jardín, aparecieron con las cabezas destro­za­das y los sesos salpicados sobre aquella misma hierba los cadáveres de los cinco jesuitas españoles sacados violenta­mente de su residencia y asesinados junto a ella en pleno campus de la Universidad Centroame­ricana, la célebre UCA de El Salvador, aquel 16 de noviembre de 1989. Allí yacían los cuerpos del rector Ignacio Ella­curía y de cuatro de sus compa­ñeros. A pocos metros, pero dentro del edificio, aparecía el cadáver del sexto jesuita, así como los de las dos  mujeres, madre e hija, que les aten­dían.

Su compañero, el presti­gioso teólogo Jon Sobrino, se libró por hallarse ausente aquellos días en Tailandia. El propio Ellacuría pudo haberse librado por un margen de un solo día, pues la víspera acababa de regresar de Barcelona, donde había recibido el premio de derechos humanos Alfonso Comín.

Según revelaría más tarde la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, la masacre fue perpetrada por una determi­nada unidad del ejército salvadoreño. Los asesinos trataron de falsear la autoría, utilizando un tipo de fusil habitual­mente empleado por la guerrilla y pintando falsos letreros en los que, supuestamente, el FMLN se atribuía el crimen. La verdad (aunque entonces todavía incompleta) se abrió paso lo suficiente para condenar a 30 años a dos de los participantes, el coronel Alfredo Benavides y el teniente Yussy Mendoza. Pero tres años después, tras la publicación en Nueva York del Informe de la Verdad de la ONU, el presidente Alfredo Cristiani promulgó una amnistía general (20-03-93), estableciendo así una amplia cobertura de impunidad prolongada hasta hoy.

Acaban de cumplirse 22 años del crimen, y en los últimos tiempos la situación ha experimentado algunos cambios no precisamente favorables a los asesinos. La infatigable abogada española Almudena Bernabeu, jurista del Center for Justice and Accountability (CJA) con sede en San Francisco de California, viene ocupándose desde hace años de mantener viva la causa en nuestra Audiencia Nacional. El pasado julio, tras complicadas vicisitudes, el juez Eloy Velasco emitió orden de busca y captura contra 10 de los 20 militares imputados, orden que incluye a la cúpula militar que ordenó el crimen. Lamentablemente, la Corte Suprema salvadoreña no parece muy dispuesta a cumplir el vigente tratado de extradición de 1997, lo que ha producido una situación de incomoda tensión, aún no resuelta, entre ambos países. Pero, al menos, los asesinos –ahora directamente señalados y reclamados- ya no gozan de la impertur­bable tranquili­dad que por tanto tiempo les acompañó.

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