Los abogados ocupan una posición fundamental en la defensa de los derechos humanos ya que la mayor parte de las vulneraciones de derechos humanos implican la violación de normas vigentes, por parte de las administraciones y poderes públicos, frente a las que se puede reaccionar activando los mecanismos adecuados de denuncia e impugnación, en vía administrativa o judicial, ante instancias nacionales o internacionales, según corresponda, en las que resulta muy recomendable (e incluso, en muchos casos, obligatoria), la intervención de un abogado.

Una buena defensa, en un caso de posible vulneración de los derechos humanos, exige en muchos casos la activación de mecanismos institucionales, generalmente poco conocidos y escasamente utilizados por la mayor parte de los abogados, por lo que resulta muy recomendable la intervención de abogados especializados en la defensa de los derechos humanos (abogados de derechos humanos).

Por otra parte, el artículo 14 de los Principios básicos de la función de los Abogados establece que "Los abogados, al proteger los derechos de sus clientes y defender la causa de la justicia, procurarán apoyar los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos por el derecho nacional e internacional, y en todo momento actuarán con libertad y diligencia, de conformidad con la ley y las reglas y normas éticas reconocidas que rigen su profesión".