Autor: Prudencio García Martínez de Murguía.

Ex investigador de la CEH (Comisión de Esclarecimiento Histórico de la ONU sobre Guatemala).
Autor de “El genocidio de Guatemala a la luz de la Sociología Militar” (Sepha, 2005)
Investigador y consultor de la Fundación Acción Pro Derechos Humanos

Artículo publicado en El País, el día 26 de agosto de 2011

En la sala del Tribunal de Alto Riesgo de la ciudad de Guatemala, bajo la presidencia de la juez Jazmín Barrios, la voz firme y serena de la juez vocal Patricia Bustamente sonó especialmente rotunda cuando leyó: “Quedó demostrado que los militares actua­ron de forma planificada, con ensañamiento y per­ver­si­dad”.

La sentencia se refiere a los hechos producidos principalmente el 7 de diciembre de 1982, cuando una unidad de kaibiles -tropas especiales-, entró en el poblado de Las Dos Erres, pequeña aldea maya del Petén, al norte del país. 201 campesinos, civiles desar­ma­dos, en su mayoría mujeres y niños, fueron allí asesinados.  29 años después, cuatro ex kaibiles han sido juzgados por aquellos crímenes y condenados en primera instancia a 6.030 años cada uno de ellos. Según limita la ley, tendrán que cumplir 50. A ellos se añaden otros 30 años por incumpli­miento de sus deberes para con la humanidad, sumando 80 años en total.

Los horrores perpetrados por el ejército de Guatemala contra las comunidades mayas durante largas décadas, pero muy principalmente en el “quinquenio negro” (1978-83), desbordan toda posible des­crip­ción. Las descripciones fidedignas existen, pero nadie podría creerlas si no fuera por su abruma­dora evi­den­cia en extensión, detalle y concreción testimonial. Ahí están las 1.500 páginas, en cuatro pavorosos to­mos, del informe REMHI (Recuperación de la Memoria Histórica), emitido en 1998 por la ODHAG, Oficina de De­re­­chos Humanos del Arzobispado de Guatemala (24-04-98). Páginas, a su vez, corroboradas y exten­­sa­mente ampliadas un año después (25-02-99) por las aún más brutales 3.800 páginas de los doce tomos, aún más pavorosos, del informe de la CEH (Comisión de Esclarecimiento Histórico de la ONU sobre Guate­mala, a la que tuvimos el honor de pertene­cer). Caso de no existir tan aplastante volumen docu­men­tal y testi­monial, nadie podría creer los hechos en él registrados, dada su inaudita atrocidad.

Salvajismo con las mujeres, incluidas  las embara­zadas, brutalidad con los niños, inclui­dos los be­bés. Monstruosas mutilaciones masculinas y femeninas, previas a los asesinatos. Empalamientos, perso­nas quemadas vivas, aberrantes formas de asesinar que aseguraban largos días de agonía. Difícil tarea, la de describir lo indescriptible. Pero trabajosamente se hizo, y el fruto documental de ambos informes cita­dos que­dó ahí, y ahí sigue para la poste­ri­dad.

Según los hechos ahora establecidos judicialmente, los soldados -unos 40 kaibiles-, al irrumpir en Las Dos Erres, sepa­raron a las mujeres y niños de los hombres. Estos fueron reunidos en la escuela, donde fueron tor­tura­dos y fi­nal­­mente asesinados. Las mujeres con los niños fueron encerrados en la pequeña iglesia evan­gélica de la comunidad. Después las mujeres fueron obligadas a cocinar y servir la comida a sus verdu­gos, antes de ser violadas y asesinadas por éstos.  Las violaciones y asesinatos se cometieron con es­pe­cial sadismo, y los cadáveres fueron arrojados a un pozo, utilizado como fosa común. Igualmente, los niños fueron tam­bién asesinados y arrojados al mismo pozo.

Dos ex kaibiles, miembros entonces de aquella unidad militar, hoy retirados, radicados en México y testigos voluntarios de la Fiscalía, aportaron al juicio, por videoconferencia, detalles escalofriantes sobre la actuación de los acusa­dos. Por ejemplo, uno de los criminales ahora condenados, el subinstructor kaibil Manuel Pop Sun, se llevó por la fuerza a una niña hasta ocultarse con ella en una zona de matorra­les próxima al poblado, donde la violó. Regresó con ella, la decapitó y la arrojó al pozo. Otros detalles igual­men­te horribles vinieron a configurar el contenido de la sentencia.

Recordemos un hecho que nos fue relatado personalmente por un ex miembro del gobierno del presidente democristiano Vinicio Cerezo. En 1986, al ser nombrado ministro, se le asignó como escolta un antiguo kaibil. Al saber que la hija de éste sufría una grave dolencia de la vista, abocada a la cegue­ra salvo que recibiera un tratamiento muy caro y especializado, el ministro, com­pa­decido de aquella des­gra­cia, inso­luble en una familia de muy pocos recursos, le consiguió ese trata­miento en Estados Uni­dos. Cuando se lo comunicó al padre, recibió esta tremenda res­pues­ta: “Agradezco sus desvelos por mi niña, pero sepa que serán total­mente inútiles. Porque lo que le ocurre a mi hija es el justo castigo que Dios me envía a mí, por las atrocidades que yo cometí con los niños mayas cuan­do era kaibil.” ¿Qué horrores in­fan­ticidas cometería aquel sujeto para experimentar un remor­dimiento patológico de tal magnitud?

Pero los imputados no son sólo militares de baja o nula graduación. En los últimos meses se ha

producido el arresto y procesa­miento de tres caracterizados mandos ya retirados, pero que ejercieron im­por­tan­tes tareas repre­sivas en la década de los 80. Uno de ellos es el general Héctor López Fuentes, ex jefe del Estado Mayor del Ejército (1982-83). Contra él pesan acusaciones de genocidio, crímenes de guerra y contra la huma­nidad, perpetrados princi­palmente contra comunidades mayas, crímenes “en los que sus pueblos queda­ron destruidos, sus habitantes de todas las edades fueron asesinados, y las muje­res y las niñas fueron siste­máti­camente violadas”,  pre­cisa Margot Walls­trom, representante especial de la ONU sobre la violen­cia sexual en los conflictos.

Otro de los jefes recientemente capturados y procesados es el coronel Rafael Bol de la Cruz, ex director de la Policía Nacional, responsable de la detención ilegal y desaparición en 1984 del que fue diri­gente sindical y estudiantil Edgar Fernando García, además de una serie de desapariciones forzadas mien­tras dirigió aquel viejo y corrupto cuerpo policial.

El tercero de los jefes militares aludidos es el también coronel retirado Marco Antonio Sánchez Sa­ma­yoa, encarcelado desde 2009 y condenado ya a 53 años de prisión como responsable del secuestro y desaparición definitiva de ocho personas en la aldea de El Jute, en 1981.

            Ante esta serie de acciones judiciales, la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemil­gua), reducto del más reaccionario sector de aquel ejército (un ejército que durante décadas eliminó a destacados defensores de derechos humanos), ha difundido un comunicado en el que, rechazando con indig­­nación estos juicios y procesamientos, lanza la siguiente adver­tencia literal: “Advertimos estar dis­pues­tos a luchar nueva­mente si las cir­cuns­­tancias así lo deman­dan.”  Pero, ¿qué significa “luchar nueva­mente” para estos mili­tares empeñados en asegurar su propia impunidad y prolongar la de los peores tor­tu­ra­dores, ase­sinos y viola­dores de mujeres y niñas?

                        ¿Tendremos que presenciar y asumir nuevamente que otros actuales defensores de los dere­chos humanos vuelvan a ser acribillados en la calle, como lo fueron, entre otros, el diplomá­tico Fuentes Mohr y el ex alcalde Colom Argueta,  o apuñalados en las aceras, como la antropóloga Myrna Mack, o golpeados hasta la desfigu­ración de sus rostros, como el obispo monseñor Juan Gerardi, asesinado tras la presen­tación de su informe REMHI arriba citado? ¿Tendremos que presenciar la resurrección de los abominables escuadrones de la muerte, nuevamente dispuestos a secuestrar, torturar y asesinar? ¿Requerirá esa nueva lucha anun­cia­da por Avemilgua la patriótica repetición de este tipo de horrores?

            Avemilgua terminaba su amenazador comunicado con este eslogan: “Por el honor y la dignidad”. Pe­­ro ¿qué clase de honor puede defenderse mediante este tipo de crímenes? ¿Y qué clase de dignidad se de­fiende, o se defendió, violan­do sistemáticamente mujeres y decapitando niñas mayas hace tres déca­das?

            Última noticia: los expertos del Equipo de Antropología Forense que analizan para la Fiscalía los restos de las víctimas, acaban de ser seguidos y atacados en su vehículo, y amenazados de muerte en un repug­nante escrito de términos soeces y tinta roja, cuyo infame contenido nos retrotrae a aquellos años luctuosos que algunos patriotas añoran y amenazan con repetir.

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