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EL SALVADOR, 30 AÑOS DE PENOSA IMPUNIDAD

 


Autor: Prudencio García Martínez de Murguía.

Investigador y consultor de la Fundación Acción Pro Derechos Humanos

Ex miembro de la División de Derechos Humanos de ONUSAL (Misión de la ONU en El Salvador)

Artículo publicado en El País, el día 27 de agosto de 2010


La avalancha de acontecimientos tanto internacionales como domésticos que acaparan nuestra aten­ción nos hacen olvidar muy fácilmente acontecimientos y conmemo­raciones cuyo peso moral y social mere­ce, sin embargo, un obligado recuerdo.

Así, no resulta extraño que pasara inadvertida en su momento una importante conme­mo­ración: el tri­gé­simo aniver­sario del vil asesinato de monseñor Oscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Sal­va­dor, máxima autori­dad de la Iglesia Católica en aquel país y prominente figura del catolicismo compro­metido con las clases más humildes de América Latina.  Posición extremadamente arriesgada en aquellos años de plomo, en que los grandes asesinos, secuestradores y torturadores latinoamericanos circulaban libremente y hacían de las suyas con la más repugnante impunidad.

En efecto, el lunes 24 de marzo de 1980, en plena cele­bra­ción de la misa que oficiaba en la pequeña capilla del hospital de la Divina Providencia, en la colonia Miramonte de la capital salvadoreña, la muerte alcanzó a monseñor Romero de forma no precisamente inesperada, pues poco antes manifestó que se sabía mortal­men­te ame­­na­zado.

La escena real fue absolutamente gansteril, digna de la más depurada cultura mafiosa. Un coche se detuvo silenciosamente frente a la puerta abierta de la capilla. Desde la ven­tana trasera del vehículo, un individuo, armado con un rifle de muy pequeño calibre (22 cp) apun­tó con toda frialdad y efectuó un único disparo, alcanzando en el corazón al prelado, que se desplomó junto al al­tar. Acto seguido, el tirador dijo en voz baja al conductor: “En marcha. Despacio. Tranquilo.” (Testimonio prestado años después ante la comi­sión investigadora de la ONU por el propio conductor, hoy refugiado en Estados Unidos y acogido al progra­ma de protección de testigos).  La trágica imagen del arzobispo yacente, arrojando gran cantidad de sangre por la boca, ocu­paba al día siguiente las portadas de la prensa mundial.

Pero este tipo de muerte resulta aún más notable teniendo en cuenta la trayectoria previa de la víctima, caracteri­zada por un fuerte elemento de contradicción. Tres años antes, en 1977, al ser designado para encabezar aquella archidió­cesis, su nombramiento fue recibido con júbilo y visible satisfacción por la oligarquía domi­nante, por los militares, y por los partidos ultraderechistas representantes de esas fuerzas sociales. El hasta entonces obispo Romero era conocido por sus posiciones conservadoras, muy alejadas de las líneas refor­mistas del Concilio Vaticano II. Su ejecutoria, a lo largo de su carrera eclesiástica en décadas anteriores, había resultado muy tranquiliza­dora para la clase domi­nante, y, por el contrario, le había originado serias ten­siones con el clero vinculado a la Teología de la Liberación y, muy particularmente, con aquel núcleo progre­sis­ta formado por los jesui­tas españoles de la UCA, que a su vez serían asesinados nueve años después por su línea de com­pro­miso cristiano y social.

Sin embargo, contradiciendo aquella trayectoria precedente, los tres últimos años de la vida del prelado, ya arzobispo (1977-80), iban a significar un cambio espectacular, que nadie, ni la oligarquía, ni el ejército, ni sus propios subordinados ecle­siásticos, ni pro­bablemente él mismo, hubieran podido previa­mente imaginar. Sólo tres se­ma­nas después de su elevación al arzobispado, ocurrió un suceso trágico y desequili­bran­te, que vino a alterar su anterior posición. Su amigo personal, el padre Rutilio Grande, párro­co de Agui­lares, era asesinado por uno de los llamados escuadro­nes de la muer­te. La comprometida línea de aquel sacerdote en favor de los más pobres le hacía vivir bajo continua amenaza de muerte, hasta que la amenaza se cumplió. Aquel asesinato con­movió profundamente al recién nombrado arzobispo, que inició el gran giro que le llevaría al choque con los poderes fácticos salvado­reños, conocidos, desde siempre, por su aguda capacidad letal.

A partir de entonces, la línea del arzobispo Romero, en su defensa cada vez más firme de los extensos ­sectores desfavorecidos de aquella sociedad, le fue enfrentando con creciente intensidad a los designios de quienes realmente detentaban el poder. El punto culminante, la gota que desbordó el vaso criminal, se produ­jo la víspera de su muerte, en su homilía del domingo día 23 de marzo de 1980 en la catedral metropolitana. Pronunciándose frente a la brutal represión desplegada contra las manifestaciones de protesta producidas en los días inmediatamente ante­riores, monseñor Romero instó a los soldados a desobedecer las órdenes de dis­parar contra el pueblo. Y, a continua­ción, pronunció su celebre frase: “Os ruego, os suplico, os ordeno, en nom­bre de Dios, que cese la represión.” Fue su sentencia de muerte. A la mañana siguiente caía bajo la bala asesina.

Las investigaciones realizadas por la Comisión de la Ver­dad de Naciones Unidas permi­tieron conocer con precisión la forma en que el crimen se gestó y ejecutó. En él desempeñó el protagonismo máximo un des­ta­cado militar ultraderechista, de escasa graduación pero de irresistibles ambiciones políticas: el mayor Ro­berto D'Aubuisson, quien, en uno de esos inauditos sarcasmos propios de sociedades como aquélla, llegaría a presidir pocos años después nada menos que el Parlamento de El Salvador.      

Tal como precisó la citada Comisión de la ONU en su informe final (Nueva York, 15-3-93), el mayor D'Aubui­sson ordenó a los capitanes Alvaro Saravia y Eduardo Avila que procediesen a la eliminación del arzobispo en aquel lunes día 24. En cumplimiento de tal encargo, ellos se ocuparon, junto con gente de su entorno escuadronero, de materializar todos los elementos necesarios: tirador, arma, vehículo, hora y lugar, punto de partida, selec­ción del chófer y conducción del ejecutor al lugar del crimen. Fue precisa­mente el chófer del capitán Saravia el desig­nado para desplazar hasta el lugar al tirador seleccionado, y quien lo lle­vó posteriormente a presencia del mismo capitán, a quien comunicó la ejecución del encargo. A su vez, fue este oficial quien comunicó al ma­yor D'Aubui­sson el cumplimiento de ‘la misión’. Hubo, sin em­bar­go, un im­por­tante dato que no pudo ser averiguado por la comisión: la identi­dad del tirador, un sujeto de alta esta­tura y me­dia­na edad, con barba, vestido de civil y desconocido para el conductor que lo transportó.

Hoy día, tres décadas después, el citado Saravia –perseguido en Estados Unidos, huido actualmente de la justicia en un país no reve­la­do, y convertido en un pingajo humano por el envejecimiento, la mala vida y el abuso alcohólico- ha expli­ca­do minu­cio­­sa­men­te todo lo ocurrido la víspera y el propio día del crimen. “¡Encárgate!” (“¡Hacete cargo!” en la lite­ra­li­dad del léxico local), fue la orden telefónica que el capitán recibió del mayor d’Aubuisson. Aquel capitán Saravia que recibía y cumplía aquella orden, encargándose de la preparación y ejecución del asesinato del arzobispo, era un personaje descrito en estos términos por otro de los implicados: “Siempre llevaba dos pistolas: una en la cintura, la 45 Gold K, y otra en el tobillo, la 380.”  “Un psicópata”, escueta definición de Saravia por uno de los fundadores del partido Arena, inicialmente surgido del escuadrón de la muerte dirigido en aquellos años por d’Au­buisson. Otro de sus colegas describe así a aquel Alvaro “Chele” Saravia de 1980: “Saravia estaba loco. Le decías que un dentista te jodió y al día siguiente el dentista estaba muerto.” Todo ello concordante con los desquiciados parámetros de aquella socie­dad salvadoreña envenenada por los odios del conflicto, en la que abundantes facinerosos civiles y militares de gatillo fácil estaban dis­puestos a secuestrar y matar, y en la que el eslogan “Sea patriota, mate a un cura” gozaba de gran predicamento en aquella desalmada extrema derecha liderada por el mayor.   

D'Aubuisson murió de cáncer en febrero de 1992, al mes siguiente del acuerdo de paz de Chapulte­pec. Pero en marzo de 1993,  sólo cinco días después de que la ONU hiciera público el infor­me de su Comi­sión de la Verdad (documentando, entre otros, los crímenes cometidos por numerosos militares), el presidente Alfredo Cristiani promulgó la amnistía general que tenía previamente anunciada para apaciguar al ejército, muchos de cuyos miembros iban a aparecer en dicho informe –como así fue- implicados en algunos de los peores crímenes de la represión.

Lo cierto es que aquella amnistía mantiene, todavía hoy, a prácticamente todos los asesinos salvado­reños de aque­llos años en una vergonzosa impunidad. En definitiva, el caso de El Salvador corres­ponde al modelo de lo que hoy llamamos “una transición sin justi­cia.”

Asesinatos como el de monseñor Ro­me­ro siguen clamando, 30 años después, por la vigencia y aplica­ción -todavía no lograda- de ese carácter imprescrip­tible que les asigna la Justicia Universal.

 


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