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GUATEMALA: A TRES DÉCADAS DEL HORROR

 


Autor: Prudencio García Martínez de Murguía.

Ex investigador de la CEH (Comisión de Esclarecimiento Histórico de la ONU sobre Guatemala).
Autor de “El genocidio de Guatemala a la luz de la Sociología Militar” (Sepha, 2005)
Investigador y consultor de la Fundación Acción Pro Derechos Humanos

Artículo publicado en La Vanguardia, el día 14 de junio de 2009



Acabamos de conmemorar un acontecimiento tan trágico como inolvidable: el incendio de la embajada de España en Guatemala el 31 de enero de 1980 por las fuerzas de seguridad de aquel país. Han sido tres décadas de patológica impunidad, dentro de la descomunal impunidad general predominante en aquella sociedad, que sólo llega a castigar el 2% de los miles de acciones criminales que se perpetran en ella.

En aquellos finales de la década de los 70 y comienzos de los 80 Guatemala era escenario de una pavorosa tragedia: el ejército y sus fuerzas afines irrumpían en las comunidades mayas, secuestraban, torturaban, mutilaban, asesinaban, violaban a gran número de mujeres, degollaban a los niños, y extraían los fetos de las mujeres embarazadas. Todo ello imposible de creer, si no fuera por las irrefutables 3.800 páginas y los 12 volúmenes de testimonios que componen el informe de la CEH (Comisión de Esclarecimiento Histórico de la ONU), a la que tuvimos el honor de pertenecer. Aquel genocidio tuvo una finalidad estratégica: se trataba de impedir, mediante el terror paralizante, que la población maya (más del 40% del total) colaborase con la guerrilla contra el ejército represor.

Un grupo de indígenas, encabezados por el catequista Vicente Menchú (padre de Rigoberta), con el apoyo de un grupo de estudiantes universitarios, decidieron ocupar pacíficamente la embajada de España, atrayendo así la atención internacional, con objeto de emitir un comunicado dando a conocer al mundo los horrores que las comunidades mayas estaban padeciendo.

La policía rodeó nuestra embajada. En vano el embajador Máximo Cajal instó a los sitiadores a no intervenir, garantizando que aquello iba a terminar pacíficamente. Aquellas fuerzas, mal llamadas de seguridad, irrumpieron violentamente en el recinto diplomático, que pocos momentos después se vio envuelto en llamas. Todos los presentes murieron abrasados, excepto el embajador, seriamente herido. Murieron 37 personas, tres de ellas españolas, entre ellas el joven diplomático Jaime Ruiz del Arbol. A ellas hay que unir cuatro sacerdotes españoles, asesinados por defender a distintas comunidades masacradas.

La justicia española mantiene procesadas a las máximas autoridades entonces responsables, civiles y militares, sometidas a busca y captura internacional. El estado de Guatemala, radicalmente incapaz de hacer justicia, no concederá ninguna extradición. Pero los grandes asesinos todavía vivos saben que no pueden poner los pies fuera de su pequeño país, y que al menos existe en el mundo un tribunal que los tiene bajo su punto de mira, cumpliendo la exigencia irreductible de la justicia universal.

 


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