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FIN A 20 AÑOS DE TOTAL IMPUNIDAD

 


Autor: Prudencio García Martínez de Murguía.

Investigador y consultor de la Fundación Acción Pro Derechos Humanos

Artículo publicado en La Vanguardia, el día 9 de abril de 2009



La Audiencia Nacional asume uno de los casos de impunidad más impenetrable de las últimas décadas. En la madrugada del 16 de noviembre de 1989, la residencia de los padres jesuitas en el campus de la UCA (Universidad Centroamericana de El Salvador) fue asaltada por fuerzas del Ejército salvadoreño. Los seis jesuitas españoles que constituían el núcleo académico de aquel centro universitario (el más conocido y acreditado de toda Centroamérica), encabezados por su rector, el padre Ignacio Ellacuría, fueron ignominiosamente asesinados, junto con las dos mujeres salvadoreñas, madre e hija, que les atendían.

Tres años y cuatro meses después (15-03-93), se hacía público en Nueva York el informe de la Comisión de la Verdad de la ONU sobre el conflicto de El Salvador. Dicho informe detallaba que, en el transcurso de una reunión del mando militar, el entonces coronel Emilio Ponce ordenó la eliminación inmediata de Ellacuría “sin dejar testigos”, requisito que condenó a muerte a todas las personas presentes en la residencia. Los asesinos aprovecharon para robar el maletín que contenía los 5.000 dólares (dotación del premio Alfonso Comín) que Ellacuría acababa de recibir en Barcelona, en solemne acto celebrado días antes en el Consell de Cent.

En las semanas siguientes, diversas filtraciones permitieron un esclarecimiento parcial del caso. Varios militares fueron procesados y juzgados. Un coronel y un teniente fueron condenados a 30 años, pero el jefe que dio la orden y los otros jefes reunidos que la apoyaron nunca fueron procesados. Pocos días después de publicarse el informe de la ONU, el presidente Cristiani promulgaba una amnistía general. Los dos condenados quedaban libres y los máximos culpables aseguraban su total impunidad.

Hasta hoy. Igual que en casos anteriores referentes a Argentina, Chile y Guatemala (con resultados muy diversos), la Audiencia Nacional, al amparo del principio de justicia universal, encausa a unos criminales tras dos décadas de silenciosa y tranquila impunidad. Desde ahora saben que, al menos en un lugar del mundo, un tribunal de justicia les tiene bajo su mira, pendientes de su captura, juicio y condena. Saben que, si salen de su pequeño país, serán capturados y sometidos a un órgano de justicia de ámbito internacional. No es mucho. Pero sí suficiente para poner fin a la abusiva tranquilidad de la que gozaron, considerándose definitivamente intocables dentro y fuera de su país.
 


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