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IQUIQUE, A UN SIGLO DEL DRAMA

 


Autor: Prudencio García Martínez de Murguía.

Miembro del Consejo Consultivo de la Fundación Acción Pro Derechos Humanos

Artículo publicado en El País, el día 18 de enero de 2008.


Hace escasas fechas se han cumplido los cien años de una de las masacres más atroces jamás cometidas contra población civil en tiempo de paz: la matanza por el Ejército de Chile de centenares de obreros, perpetrada en el edificio de la Escuela de Santa María, de la población chilena de Iquique, con ocasión de una huelga pacífica cuya absoluta justificación y dramatismo convirtió a aquel hecho en un símbolo de la lucha por los más elementales derechos del trabajador.

La situación de los obreros del salitre, con su explotación en medio de uno de los desiertos más duros y desolados del planeta, en el inhóspito escenario geográfico del Gran Norte chileno, era de una dureza inhumana. Soportando el sol abrasador del día, compatible con el frío helador de las noches, en jornadas de doce o catorce horas, sin descanso semanal, bajo un régimen de práctica esclavitud, sometidos a duras represalias y castigos físicos (cepo incluido), con un sueldo miserable, no pagado en moneda sino en fichas, que sólo podían ser canjeadas por alimentos u otros bienes de primera necesidad, y siempre a precios abusivos, en los almacenes establecidos para ello por la misma compañía explotadora (británica, dicho sea de paso, en pingüe contuber­nio con la oligarquía local), aquellos hombres y sus familias padecían las penalidades de un mundo laboral siniestramente alejado de los parámetros sociales de nuestros días.

En esta situación se gestó la huelga.  Las demandas consistían en elevar sustancialmente los salarios, el pago de éstos en moneda efectiva, el establecimiento de una indemnización razonable para las familias de las víctimas de los frecuentes accidentes mortales que producían las muy peligrosas técnicas de extracción, entre otras reclamaciones igualmente razonables. De otras fábricas y de diferentes gremios, se unieron cientos de operarios que mostraron su apoyo adhiriéndose a la huelga de los salitreros. Igualmente, en un notable gesto de solidaridad transnacional, desde las fronteras más próximas acudieron numerosos trabajadores y campesinos peruanos, bolivianos y argentinos, que se solidarizaron con sus camaradas chilenos, acompañándolos en su reivindicación. Con ellos iban a compartir, pocos días después, el plomo de las balas y la sangre de la represión.

La documentación  disponible en archivos y publicaciones de la época permite obtener datos decisivos sobre aquella tragedia. La patronal salitrera manifestó su negativa a discutir bajo la presión de los huelguistas,  con un argumento repulsivo que hoy, cien años después, ningún empresario se atrevería a formular: rechazaban la negociación porque “si en esas condiciones accedieran a todo o a parte de lo pedido por los trabajadores perderían el prestigio moral, el sentimiento de respeto que es la única fuerza del patrón respecto al obrero.”  El problema no era cuestión de dinero –decían- sino de principios: Negociar bajo la presión de las masas “significaría una imposición manifiesta de los huelguistas y anularía por completo el prestigio moral que siempre debe tener el patrón sobre el trabajador.” Horroriza hoy esta cínica defensa del prestigio moral, en boca de una patronal desalmada, capaz de ejercer aquellas abominables formas de explotación.

Nadie pudo decir que el comportamiento de los huelguistas fuera incivilizado, brutal o agresivo hacia el conjunto de la población. Deseosos de producir la menor perturbación posible, permitieron seguir trabajando a los operarios de la fábrica de gas, de la central eléctrica, a los conductores de los grandes carromatos del mercado, a los aguadores, y a otros servicios indispensables para la ciudadanía en general.

Sin embargo, el general Silva Renard, jefe de las tropas que rodeaban a la concentración de huelguistas, familiares y seguidores, instó al comité de huelga a evacuar la escuela y la plaza, ordenándoles que desplazaran a aquella multitud en dirección a los terrenos de un campo hípico situado en la proximidad, de forma que desde allí se produjera la disolución de los reunidos. Pero el comité de huelga rechazó retirarse sin haber recibido una respuesta sobre su pliego de reivindicaciones.

Silva, según haría notar en su informe,  estimó en 5.000 el número de personas (entre obreros, familias y seguidores nacionales y extranjeros) que ocupaban el edificio, y otras 2.000 en la plaza contigua. Multitud que, según su apreciación, constituía “un peligro para la seguridad y la salud públicas”. El comité directivo de la huelga arengaba a sus seguidores desde la terraza del edificio escolar. La posición irreductible mantenida por ambas partes desembocó en la orden de desalojo por la fuerza.

A las 3’48 de la tarde de aquel 21 de diciembre de 1907, el general ordenó la primera descarga.  El fuego de fusilería y de ametralladoras contra la apretada multitud que abarrotaba la escuela (con sus débiles  muros de madera) y contra la muchedumbre que se agolpaba en la plaza Manuel Montt, se tradujo en una carnicería de enorme magnitud, cuya verdadera cuantía numérica ya no podrá conocerse jamás. Se ha especulado, muy desacertadamente, con cifras excesivas que restan seriedad al rigor y al respeto histórico que se merece un hecho emblemático como aquél. Las estimaciones más serias sitúan hoy el número de víctimas en torno al millar. Resulta absurdo e impropio especular con otras cifras inviables, cuando las más probables resultan ya atroces y estremecedoras de por sí.

Una vez más, la cronología, al constatar las diferencias entre aquel mundo de comienzos del siglo XX y el de los actuales inicios del XXI, nos añade algunas claves sobre la magnitud de la tragedia. Hoy, toda sociedad democrática dispone de unas fuerzas antidisturbios bien dotadas y entrenadas, capaces de enfrentarse a grandes manifestaciones con instrumentos tales como porras, escudos, cascos, proyectiles de goma, gases lacrimógenos y chorros de agua a presión. Pero hace un siglo no existían otros medios antidisturbios que la bayoteta, la carga a caballo con sable, o las armas de fuego con proyectiles de guerra. Matadero garantizado para la masa manifestante.

Siguiendo en el marco cronológico, tengamos en cuenta que en aquellas fechas ni siquiera se había producido aún la revolución rusa de Octubre de 1917, con todo lo que ésta pudo suponer como factor catalizador para otros movimientos de protesta social en otros lugares del mundo. Igualmente, la revolución mejicana no llegaría hasta la década siguiente. Otros intentos de huelga, producidos en Chile entre 1902 y 1906, habían sido reprimidos con docenas de muertos. Por tanto, la que podríamos llamar “influencia mimética”, derivada de la imitación de comportamientos registrados en situaciones anteriores, carecía de elementos de referencia positivos que introdujeran algún factor favorable a sus expectativas. Sin embargo, ello no impidió a aquellos hombres mantener sus justas demandas con una entereza y una dignidad tanto más valiosas cuanto que no contaban con ningún éxito previo como factor motivador.

La tragedia de Iquique evidenció y anticipó lo que después se llamaría “el ataque preventivo” (contra alguien que todavía no ha hecho daño, pero que hipotéticamente podría llegar a hacerlo). También anticipó el concepto de “enemigo interior” (necesidad de eliminar físicamente a sectores de la propia sociedad).  Igualmente se manifestó allí la “obediencia debida” a las órdenes criminales. Estos conceptos, que después harían tan enorme daño a lo largo del siglo XX en América Latina, ya asomaron allí sus repugnantes pezuñas sobre los muros acribillados de la Escuela de Santa María, anunciando lo que iba a ser un siglo de represiones militares contra las sociedades civiles de aquel continente.

Para terminar, un último dato, que permanece resistente a la cronología: el Ejército de Chile, cien años después, aún no ha sido capaz de suprimir de su ordenamiento jurídico militar el concepto de obediencia debida, dando entrada a la desobediencia legítima ante las órdenes criminales, como exigen los códigos militares de nuestro tiempo. Aquel Ejército, ya en pleno siglo XXI, sigue manteniendo en su código la obediencia a todo tipo de órdenes sin excepción, dentro o fuera de la ley, contradiciendo las actuales exigencias de la moral militar occidental.


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