Autor: Prudencio García Martínez de Murguía.

Miembro del Consejo Consultivo de la Fundación Acción Pro Derechos Humanos

Artículo publicado en La Vanguardia (Barcelona), el día 24 de julio de 2006.

Con un ligero retraso de 30 años desde el arranque de los hechos (el luctuoso golpe militar de 1976),  y 23 años después del final de la dictadura militar argentina, e incluso 21 años después de la condena a prisión perpetua del almirante Emilio Massera como responsable máximo y directo de la infernal maquinaria creada y mantenida en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), al fin nos llega la noticia que debió llegar, como mínimo, dos décadas atrás. Recordemos que, con centro en aquella escuela naval, se desarrolló una sistemática cadena de secuestros, torturas, asesinatos y lanzamiento al mar de miles de personas narcotizadas pero todavía vivas, entre otra serie de actividades delictivas, derivadas de aquella desalmada represión.

Hace escasos días, dieciocho miembros de la marina de guerra argentina, entre almirantes, jefes y oficiales, responsables directos de distinto nivel de los horrores de la ESMA a lo largo de sus años de funcionamiento, incluyendo a figuras tan siniestramente célebres como los capitanes Alfredo Astiz y el “Tigre Acosta”, acaban de ser detenidos y procesados por orden del juez federal Sergio Torres. Al mismo tiempo, este magistrado ha dictado sobre los imputados una serie de embargos por un total de 175 millones de pesos.

Dos de sus colegas marinos de la misma ESMA, los capitanes Adolfo Scilingo y Ricardo Miguel Cavallo, permanecen en manos de la justicia española, pagando ya su merecido en la cárcel de Soto del Real. Scilingo, participante en dos “vuelos de la muerte” y en otras actividades de la tenebrosa escuela, fue ya condenado en 2005 por la Audiencia Nacional a 640 años, y Cavallo, imputado por muy diversas operaciones de secuestro, torturas y homicidios, como integrante del llamado “grupo de tareas 3.3/2” (el correspondiente a aquel centro militar), se halla pendiente de próximo juicio, y sobre él pesa una petición de prisión que oscila entre los 13.000 y los 17.000 años, según las distintas hipótesis barajadas por la Fiscalía.

¿Por qué llega ahora, en 2006, algo que resultaba tan necesario en 1986? La respuesta es muy sencilla, y a la vez muy siniestra, pero también muy descriptiva de lo que ha sido la relación ejército-sociedad en la Argentina del siglo XX. Este penoso retraso en la aplicación de la justicia ha sido el fruto del enorme poder corporativo y coactivo que los militares argentinos han venido ejerciendo históricamente sobre su sociedad civil. La presión militar forzó la Ley de Punto Final de 1986 y la ley de Obediencia Debida de 1987. En definitiva, impunidad garantizada para todos, excepto para 38 altos jefes (generales del Ejército, almirantes de la Armada y brigadieres de Aviación). Pero la llegada al poder de Carlos Menem trajo consigo sus dos indultos sucesivos, en 1989 y 1990, que supusieron, entre otras cosas, el ‘desprocesamiento’ de esos 38 altos responsables. Esta serie de tremendas concesiones de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial ante la presión corporativa del Ejército determinaron unos pavorosos y duraderos niveles de impunidad.

¿Qué fue lo que cambió las cosas hasta el extremo de hacer posible la situación actual? Ya en 1996 las primeras denuncias formuladas en Madrid ante la Audiencia Nacional empezaron a erosionar aquella impunidad, con los procesamientos y órdenes de busca y captura emitidos por el juez Baltasar Garzón. Pero fue la llegada al poder del presidente Kirchner en 2003 el factor decisivo. Desde entonces, las medidas de firmeza del poder civil sobre el poder militar se han sucedido, incluyendo episodios como éstos: descabezamiento de la anterior cúpula militar y designación de jefes de mayor convicción democrática; solemne retirada del retrato del dictador Videla del Colegio Militar; designación de una ministra de Defensa, Nilda Garré, que en su juventud fue ‘montonera’ (en su día secuestrada y desaparecida durante varios días) y que hoy dirige con firmeza la institución; anulación por el Congreso y el Senado de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Esta anulación ha permitido la apertura de las causas penales de la ESMA y del Primer Cuerpo del Ejército (pronto esta última causa producirá nuevos e importantes procesamientos).

Más vale muy tarde que absolutamente nunca. Y los grandes secuestradores, torturadores y asesinos de las fuerzas armadas argentinas disfrutaron durante décadas de una impunidad que consideraron definitiva. Con gran sorpresa por su parte, la Historia les alcanza antes de lo que creían y empieza a colocarles en su lugar.

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