Autor: Prudencio García Martínez de Murguía.

Miembro del Consejo Consultivo de la Fundación Acción Pro Derechos Humanos

Artículo publicado en El País, el día 15 de junio de 2006.

“Algo mucho peor que un crimen: un imperdonable error”, dijo Talleyrand al recibir la noticia de la ejecución del joven duque de Enghien por orden de Napoleón. En otras palabras, el crimen le importaba muy poco,  pero no perdonaba el error.

En términos similares se pronunciaba recientemente el presidente norteamericano George Bush, al calificar los hechos de la cárcel de Abu Ghraib en 2003 como “el más grave error” cometido por sus militares en Irak. Al subrayar el carácter erróneo y no el carácter criminal de los hechos perpetrados, el comandante en jefe de las fuerzas armadas estadounidenses trivializa y difumina uno de los más arduos problemas de la moral militar: el del trato correcto o criminal inferido al enemigo capturado.

A todo ello se superpone otro “error”, éste de larga duración: Guantánamo. El suicidio de tres presos (tras numerosos intentos registrados y reconocidos por las autoridades del campo) es oficialmente interpretado como una malintencionada “acción de guerra asimétrica”, y no como un gesto de desesperación absoluta por parte de personas que no vislumbran esperanza alguna de poner fin a su sufrimiento y humillación. 

Afortunadamente, otros militares norteamericanos no participan de esta incapacidad de distinguir entre el error y el horror. Por ejemplo, ahí está el prestigioso capitán paracaidista Ian Fishback, combatiente en Irak y Afganistán, miembro de la legendaria 82 División Aerotransportada, quien, ante las vergonzosas evidencias fotográficas de Abu Ghraib, expresaba por escrito su rotunda protesta ante aquellos hechos, exigiendo “unos criterios claros de conducta para los hombres y mujeres de uniforme, que reflejen los ideales por los que arriesgan sus vidas.” “Somos América y nuestras acciones deben responder a los estándares más altos, que son los ideales de nuestra Declaración de Independencia y nuestra Constitución. Si abandonamos nuestros ideales ante la adversidad y la agresión, significa que tales ideales nunca fueron nuestros. Prefiero morir combatiendo antes que ceder la más mínima parte de la idea que tengo de América.” Y añadía: “Recuerdo que, siendo cadete en West Point, tomé la decisión de que mis hombres jamás cometerían actos deshonrosos.”  Estos párrafos formaban parte de la carta que el capitán remitió al senador republicano John McCain, en su día combatiente y prisionero de guerra en Vietnam, quien hizo suyas las exigencias del capitán y presentó en el Senado una enmienda que prohíbe “el trato o castigo cruel, inhumano o degradante” por parte de cualquier funcionario estadounidense. El resultado fue la aprobación de la enmienda, en octubre de 2005, por la aplastante mayoría de 90 sobre el total de 99 senadores. Un grupo de 27 destacados militares, encabezados por el que fue secretario de Estado, general Colin Powell, apoyaron por escrito la moción de McCain y las justas reivindicaciones del capitán.

Ni el capitán Fishback ni el senador republicano McCain, ni tampoco el congresista demócrata John Patrick Murtha, hoy coronel en la reserva –crítico también de aquellos excesos-, hubieran calificado nunca los hechos de Abu Ghraib como un error, ni siquiera como el más grave error.  Ellos saben que se trata de actos intrínsecamente delictivos, penados por las leyes nacionales e internacionales. Ellos asumen, muy acertadamente, que la humillación, la desnudez total como burla, la masturbación forzada ante las cámaras de video, la imposición de posturas insoportables durante largo tiempo, el sometimiento del prisionero indefenso a situaciones de sufrimiento y degradación en medio de risotadas ofensivas y gestos soeces, inmortalizando además las penosas imágenes para la posteridad fotográfica, constituyen acciones que degradan al que las sufre, pero más aun al que las comete.

Otro calamitoso “error”, cometido por tropas estadounidenses hace unos meses y recientemente conocido, sigue produciendo nuevos quebraderos de cabeza al presidente y a las altas autoridades del Pentágono. Esta vez no se refiere al maltrato infligido a prisioneros sino a los comportamientos homicidas contra el otro sector más vulnerable en toda guerra: la población civil desarmada e indefensa. El pasado 19 de noviembre de 2005, una patrulla de marines, formada por cuatro vehículos, fue atacada dentro de la ciudad iraquí de Haditha, lugar de neto predominio del más exacerbado radicalismo islámico y nunca plenamente controlado por las tropas norteamericanas, en la zona más peligrosa del triángulo suní. El último de los cuatro vehículos de la columna fue alcanzado por una bomba, que mató al conductor.

Al parecer, aquella unidad de marines debía tener su estado de ánimo muy recalentado por las tensiones acumuladas, propias de un ejército de ocupación hostigado como tal, máxime en una zona tan difícil y tan hostil como aquélla, o tal vez el soldado Miguel Terrazas, de 20 años, conductor del vehículo atacado y víctima mortal de la explosión, era quizá especialmente querido por sus compañeros y su pérdida soliviantó a éstos más allá de lo habitual. En cualquier caso, lo cierto es que la reacción de algunos miembros de la unidad de marines consistió en atacar directamente a las familias de civiles iraquíes que vivían en varios edificios relativamente próximos. Nadie disparó desde tales edificios ni se produjo intercambio de disparos, pues las fachadas estaban intactas. Todos los disparos fueron efectuados en el interior de las viviendas.

La revista Time destapó inicialmente el asunto, y su reportaje forzó la apertura de una investigación militar, dirigida por el general Eldon Bargewell. Hasta el momento, de los datos publicados se desprende que algunos marines irrumpieron en dichos edificios, disparando contra las familias que los ocupaban, gente civil desarmada, incluyendo mujeres y numerosos niños, matando “sistemáticamente” –palabra subrayada por los informadores- a un total de 24 civiles. Los impactos registrados en las paredes no mostraban ningún intercambio de fuegos cruzados, sino que todos los disparos tuvieron la misma procedencia. Tres militares implicados han sido ya separados de sus puestos. El ya citado coronel ex marine y actual congresista John P. Murtha no se anduvo por las ramas: “No cabe duda de que un grupo de marines asesinó a civiles iraquíes desarmados el pasado noviembre”, afirmó. “Retrocedemos cada vez que ocurre un incidente como el de Haditha. Esto es peor que Abu Ghraib”, remató.

Es decir, otro grave “error”, aun peor que el de la siniestra prisión iraquí. Pero Murtha en ningún momento lo califica como tal. Él, que fue combatiente condecorado y perteneciente al mismo cuerpo, sabe muy bien que estos comportamientos entran objetivamente en el campo jurídico y moral de la criminalidad militar, y no en el área –mucho más subjetiva y resbaladiza- de lo erróneo, es decir, de lo que en un momento dado pueda considerarse acertado o desacertado por sus consecuencias de orden psicológico, político o estratégico. Las nefastas consecuencias políticas y estratégicas de Abu Grhraib hacen que Bush califique aquel episodio de grave error. Pero nosotros, como Fishback, Powell, Murtha y McCain, lo calificamos de grave crimen.

Aquellos actos vergonzosos, hace tres años, igual que esta masacre de 24 civiles desarmados, perpetrada hace seis meses, constituyen acciones deshonrosas, incompatibles con el honor de un uniforme que, incluso en medio de las terribles tensiones de la guerra, exige una sólida formación, unos altos niveles de autocontención y un suficiente grado de entereza moral.

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