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A LOS 30 AÑOS DEL GOLPE MILITAR

(Argentina: Avance imparable del poder civil)

 


Autor: Prudencio García Martínez de Murguía.

Miembro del Consejo Consultivo de la Fundación Acción Pro Derechos Humanos

Artículo publicado en El País (Madrid y Buenos Aires), el día 24 de marzo de 2006.


Al cumplirse tres décadas del trágico golpe militar del 24 de marzo de 1976, Argentina sigue teniendo –nadie podría negarlo- muy variados y graves problemas. Pero nuestra presencia en Buenos Aires en los actuales actos conmemorativos nos permite ratificarnos en una certeza que puede resumirse así: lo que aquí se siente, lo que aquí se palpa, lo que aquí se respira en esta Argentina de 2006, junto con todos los indicios y datos sociológicos disponibles, nos permiten afirmar que, al menos, una de sus más graves y persistentes taras históricas ha quedado definitivamente superada: la de su antiguo y patológico intervencionismo militar. Pernicioso fenómeno -manifestado a través de un agobiante corporativismo y del más descarado golpismo que lastró su vida política a lo largo de gran parte del siglo XX, durante la llamada “era militar”. Oscuro y largo período, en el que los relevos en el poder asumieron la más patética y subdesarrollada de las formas posibles: el derrocamiento presidencial por la fuerza militar. Un presidente civil era derribado por un general, o bien un presidente militar era, a su vez, derrocado por otro general tan golpista como su predecesor. Sin olvidar otras formas intolerables de presión estamental.

¿Qué es lo que nos permite hoy, al cumplirse 30 años del ‘videlazo’, afirmar que aquel intervencionismo militar histórico ha terminado, probablemente para siempre? Para empezar, las drásticas reducciones de efectivos y presupuestos efectuadas en los últimos lustros marcan una aguda disminución objetiva del poder militar en Argentina. Por otra parte, en estos últimos años ha culminado la muy larga y titánica lucha contra las leyes de obediencia debida y punto final, finalmente anuladas con aplastantes votaciones en el Congreso y el Senado. Anulación definitivamente ratificada también por la Justicia. Con ello, aquella infranqueable barrera defensiva que garantizó la impunidad de tantos criminales durante tantos años, ha sido finalmente derribada. Importante triunfo de la sociedad civil sobre el que fue poderoso corporativismo militar.

Pero, sobre todo, las reiteradas actuaciones del actual presidente Néstor Kirchner en estos últimos años vienen a demostrarnos que el poder civil ha asumido institucional­mente su primacía sobre el poder militar en este país. Las acciones más decisivas del actual presidente lo acreditan como un auténtico jefe, y no porque la Constitución le proclame Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas –también lo proclamaba para sus antecesores-, sino precisamente porque este presidente, a diferencia de tantos otros, está demostrando que en la Argentina de hoy esa proclamación constitucional es, por fin, una gran verdad.

Recordemos dos de las repetidas ocasiones en las que el actual presidente ha demostrado hasta qué punto el enorme poder corporativo y autónomo que tuvo aquel Ejército se ha desvanecido en esta Argentina de hoy. La primera de ellas fue la forma en la que Kirchner se deshizo, de manera fulminante, de la anterior cúpula militar. Para designar jefe del Ejército al general Roberto Bendini, hombre de su confianza,  tuvo que desembarazarse de unos veinte generales, situados por encima de aquél en el escalafón, y que tuvieron que pasar a retiro. Con ello, el nuevo presidente demostró su capacidad de mando y su fuerte determinación al designar al candidato que consideraba más idóneo, incluso si tal elección era incómoda y requería un acto de firmeza civil, contrario a los intereses personales de numerosos militares de muy alta graduación.

El segundo episodio quedó reflejado en una foto antológica. En ella se veía a un militar que acababa de retirar de una pared un retrato y se alejaba con él, ante la atenta mirada del presidente Kirchner y de un grupo de militares y civiles alineados, en solemne actitud propia de un acto oficial. El lugar era el Colegio Militar de Buenos Aires, y la fila de retratos de la pared era la de aquellos generales que fueron directores del centro. El retrato retirado era, precisamente, el del general Jorge Videla, presidente que fue de la primera Junta durante los primeros y terribles años de dictadura, tras el golpe de 1976. Y el militar que retiraba el retrato por orden del presidente era nada menos que el propio jefe del Ejército.

¿Humillación gratuita? De nin­guna manera. Simplemente, simbolismo necesario. Iconografía imprescindible. Demostración irrefutable de que un Ejército históricamente golpista e intervencionista, tantas veces autónomo en grados inauditos frente al poder civil, había sido al fin “colocado en su sitio”. Imágenes y gestos que no hubieran sido necesarios en otro tipo de Ejército y de sociedad. Pero sí en este Ejército y en esta sociedad.

De todos los logros, de todos los saltos cualitativos que marcan la diferencia entre aquella Argentina de marzo de 1976 y ésta de 2006, es éste, para nosotros, el más notable: el neto avance de la sociedad civil en la dirección adecuada, y en un grado jamás conocido hasta hoy. La sociedad argentina está adquiriendo, en términos efectivos y cada vez más firmes, la clara noción de lo que significa el poder civil. Y de lo muy necesaria que resulta  la supremacía del poder civil democrático sobre el poder corporativo militar. Y esta noción, esta certeza, valiosa en todas partes –y plenamente asumida en los países más avanzados y cultos del planeta- resulta aquí en Argentina un logro impagable. Tanto más necesario por la gravísima carencia de tal noción que prevaleció por demasiado tiempo en este entrañable país.


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