Autor: Prudencio García Martínez de Murguía.

Miembro del Consejo Consultivo de la Fundación Acción Pro Derechos Humanos

Artículo publicado en La Vanguardia (Barcelona), el día 15 de diciembre de 2005.

La tenacidad de Carla Del Ponte, fiscal del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY), en su tarea de perseguir y exigir con infatigable persistencia la busca y captura del general croata Ante Gotovina dio al fin su fruto, y lo dio, inesperadamente, en territorio español. Capturado en un hotel de Tenerife, fue conducido a Madrid, se le tomó declaración en la Audiencia Nacional y, tras una sola noche en Soto del Real, fue trasladado a La Haya y puesto en manos del Tribunal que lo reclamó.

La Operación Tormenta contra los serbios de la Krajina, dirigida por el general Gotovina en 1995, dio lugar al asesinato de, como mínimo, 150 personas quemadas, apuñaladas o acribilladas a tiros, miles de viviendas destruidas, y decenas de miles de personas desalojadas de sus hogares y condenadas a los tremendos sufrimientos del desplazamiento forzoso o la deportación. La acusación le imputa concretamente seis figuras delictivas, tres de ellas incluidas en la categoría de “violación de las leyes y usos de la guerra”  y otras tres en la calificación de “crímenes contra la humanidad.”

¿Qué significa la captura y fulminante entrega de este destacado general, ex jefe del ejército croata, héroe para muchos de su compatriotas? Significa, en primer término, la culminación de un largo forcejeo entre dos voluntades contrapuestas. Por un lado, una fiscal obstinada, más merecedora que nadie de su denominación oficial –la de prosecutor-, en su calidad de perseguidora implacable de aquellos presuntos criminales del último conflicto balcánico que han sido objeto de indictment (acta de imputación por su propia Fiscalía) pero que no han comparecido aún ante el citado Tribunal. Y, por el otro lado, un general croata que, por haber expulsado brutalmente en 1995 a los serbios residentes en Croacia (en la zona sur de la Krajina) es contemplado con una gloriosa aureola de patriotismo por sus fieles admiradores. Movido por la firme voluntad de no entregarse ni dejarse capturar, Gotovina había acreditado en los últimos tiempos una notable capacidad como fugitivo escurridizo, con sus múltiples desplazamientos clandestinos por lugares tan insospechados como Haití, Islas Mauricio, China y Rusia, Argentina y Chile, Mauritania y alguno más, según atestiguan los sellos de sus falsos pasaportes. Forcejeo saldado finalmente con el triunfo de la voluntad perseguidora sobre la voluntad fugitiva.

En otro plano, esta captura significa el triunfo (aunque incompleto) de una línea de presión política: la de la Unión Europea, que repetidamente ha instado a Croacia a que colabore –así lo ha hecho en este caso con ciertas informaciones y seguimientos telefónicos- en la captura y entrega de sus presuntos criminales del trágico conflicto 1991-95, exigiendo tal colaboración como requisito indispensable para su acercamiento y futuro ingreso del país en la propia UE.  Hay que reconocer que se trata de un éxito incompleto, pues esta misma línea de presión, ejercida igualmente sobre Serbia, no ha servido aún para capturar a los dos reos más deseados por el mismo Tribunal: el ex presidente serbobosnio Radovan Karadcik y su jefe militar, el general Ratko Mladic, ambos en paradero oficialmente desconocido desde el fin de la contienda.

Por último, esta detención y entrega sale al paso de la injusta acusación, con frecuencia dirigida contra el citado Tribunal, de tendenciosidad favorable a Croacia y Bosnia, y adversa a Serbia. La captura de Gotovina evidencia que la persecución se dirige en ambas direcciones: contra aquellos que asesinaron, despojaron y humillaron a comunidades serbias (como hicieron Gotovina y sus tropas croatas en Krajina en 1995), pero también contra aquellos serbios que hicieron lo mismo en Bosnia (también en 1995). Alguien dirá que sobre Gotovina “sólo” recae la imputación de 150 asesinatos y unas 150.000 víctimas deportadas o desplazadas forzosas, mientras que sobre el general Mladic pesa otra acusación de muy superior magnitud: unas 8.000 víctimas  asesinadas en Srebrenica y varios miles más en el asedio a Sarajevo, además de los muchos millares de desplazados bosnios que, perdiéndolo todo, se vieron forzados a huir. Pero este hecho, muy cierto, viene precisamente a subrayar que la persecución ejercida por el TPIY se dirige sobre ambos bandos por encima del factor numérico, atendiendo a la extrema gravedad cualitativa, y no sólo a la cuantitativa, de sus respectivas actuaciones criminales. Pero mientras Karadcik y Mladic no sean capturados  y juzgados, la obstinada Carla Del Ponte no podrá afirmar que ha completado su misión.

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