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DESMENTIDO Y ACORRALADO

 


Autor: Prudencio García Martínez de Murguía.

Miembro del Consejo Consultivo de la Fundación Acción Pro Derechos Humanos

Artículo publicado en El País, el día 21 de diciembre de 2004.


El último estacazo en la crisma que podía encajar el viejo y cínico general lo acaba de recibir, y por partida doble. Por una parte, la Corte Suprema de Chile acaba de decretar la nulidad de su autoamnistía de 1978, declarándola inaplicable para los casos de detenidos-desaparecidos que nunca reaparecieron. Esto arroja sobre él la tremenda carga judicial de más de 1000 casos que todavía subsisten en esa situación. Por otra parte, y para colmo de desdichas, incluso aquéllos que fueron sus subordinados, sin necesidad de señalarle por su nombre, proclaman solemnemente su mentira y su cinismo, reconociendo por boca del actual jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, que aquellos crímenes que el ex dictador atribuía falsamente a excesos individuales e incontrolados correspondieron realmente a un inexcusable comportamiento institucional. 

Además de negar toda posible justificación ética a las graves violaciones de derechos humanos cometidas, el jefe del Ejército anunció: “El Ejército de Chile ha tomado la dura pero irreversible decisión de asumir las responsabilidades que como institución le caben en todos los hechos punibles y moralmente inaceptables del pasado.” Se acabó, pues, el ridículo argumento pinochetista del ‘exceso individual’ fruto del supuesto ‘descontrol’. Llegó, por primera vez en tres décadas, el momento de las responsabilidades institucionales sobre tales hechos “punibles”, según los califica el general. Al fin se reconoce que fue la institución armada la que actuó, la que decidió, la que ordenó, la que ejecutó. Se dieron miles de órdenes criminales por la rígida cadena del mando, y se cumplieron. El exceso –terrible exceso– nunca fue individual sino institucional.

Reconocimiento harto tardío, pero necesario. Aquel mismo Ejército, que pareció cerrar filas en torno al ex dictador cuando éste se vio en Londres detenido, procesado, juzgado y sentenciado a su entrega en extradición a la justicia española (aunque la decisión política frustró finalmente a la judicial), hoy, aquella misma institución vuelve la espalda al que fue su jefe, desmintiendo sus cínicas afirmaciones exculpatorias.

La razones para ese cambio, a la luz de la moral militar y la sociología castrense, no son pocas ni flojas, pero aquí señalaremos únicamente tres. Para empezar, la proclamación del general Cheyre se hacía pública exactamente cinco días antes de la fecha anunciada para la presentación oficial del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, cuyos principales contenidos ya habían sido adelantados, “y cuyas conclusiones asumiremos”, anticipaba el general. Y las conclusiones ahí están: 35.000 personas fueron torturadas, según el cómputo de los casos concretos constatados por la Comisión. Nada menos que 1.200 establecimientos identificados (estadios, cuarteles, campos de instrucción, academias militares, comisarías, instalaciones aéreas y navales, buques de la Armada, etcétera) fueron utilizados para esta criminal actividad, en un país cuya Constitución prohíbe la tortura, como la prohibía en 1973. Brutales palizas, descargas eléctricas en los órganos más sensibles, abusos sexuales, violaciones con perros amaestrados para ello, asfixia hasta el borde de la muerte, inmersión en aguas fecales, constituyen algunas de las atrocidades testificadas ante la actual Comisión, como lo fueron ante la Comisión Rettig en 1990-91.

Aquel Pinochet pletórico de soberbia que afirmaba: “En Chile no se mueve una hoja sin que yo lo sepa” se ha visto obligado a alegar, en estos últimos años, algo bien distinto y harto humillante:  “Los excesos que me atribuyen los cometieron mis subordinados actuando fuera de mi conocimiento y de mi control”. Pues bien, esta grotesca coartada –cuya falsedad fue siempre notoria– salta ahora por los aires, dinamitada de manera oficial, incluso ante los ojos y conciencias de aquellos que todavía fingían creerla. Es el momento de que la Justicia procese y pregunte frontalmente al viejo criminal: ¿Qué clase de comandante en jefe fue usted que no quiso enterarse de que sus subordinados cometían decenas de miles de acciones criminales, utilizando para ello toda clase de instalaciones militares en todo el territorio nacional?

He aquí, pues, el primer y aniquilador factor, de sólido fundamento militar: la autodescalificación total y el absoluto descrédito de un jefe que proclama su ignorancia y su descontrol sobre aquellas áreas que tenía obligación de mandar y controlar.

El segundo factor consiste en que la postura del ex dictador implica una actitud insultante y de desprecio hacia sus propios subordinados. Si él afirma que no ordenó cometer los crímenes, está acusando de criminales a sus subordinados, como si éstos fueran los autores de los miles de decisiones represivas, secuestros, terribles torturas y ejecuciones. Precisamente aquéllos que le obedecieron sin vacilar se ven acusados por su antiguo jefe como autores de las iniciativas criminales. Resulta, pues, plenamente lógico que la institución a la que tan indigna­mente mandó le vuelva la espalda y le desmienta. Como el general Cheyre, incluso sin mencionarle, acaba de hacer.

El tercer factor surge, igualmente imparable, a la luz de los parámetros militares de nuestros días. Incluso en el caso hipotético, absolutamente inverosímil, de que aquellos crímenes hubieran sido ignorados por Pinochet, la moderna moral militar y la actual doctrina jurídica castrense le convierten en culpable y responsable de todos ellos. La llamada doctrina Yamashita –vigente hoy como parte integrante del moderno concepto de disciplina militar, e introducida en los modernos códigos militares y en los estatutos de los Tribunales Internacionales (los de la ex Yugoslavia y Ruanda, y el Estatuto de Roma para la actual Corte Penal Internacional)- establece que todo mando militar que no impida, o no castigue, los crímenes sistemáticamente cometidos por sus subordinados resulta responsable de ellos, por haber incumplido su obligación ineludible de impedirlos o castigarlos, sin que le sirva la alegación de supuesta ignorancia y falta de control.

Ya ningún mando militar puede alegar impunemente algo tan miserable como aquello de: “Mis subordinados cometieron graves crímenes durante meses o años, pero yo no soy responsable, pues los cometieron por su cuenta, y yo nunca los ordené.”  No basta en absoluto con no haberlos ordenado. Lo exigible, lo obligatorio, era haberlos impedido. O haberlos castigado de forma fulminante y ejemplar en el momento mismo en que los excesos se iniciaron. Hoy día el mando y el liderazgo militar van inseparablemente unidos al control. Al férreo control, máxime en materia criminal. La autoexculpación del general, además de mentirosa e inverosímil, resulta cobarde e indigna de un jefe militar. Ahora, por añadidura, resulta crudamente desmentida desde dentro de la propia institución.

La Historia, a pasos cortos pero irrefrenables, va alcanzando y acorralando a Pinochet. Quisiéramos poder decir ‘a pasos agigantados’, pero no sería verdad. La justicia está siendo lenta con él, pero, al menos, le va pisando los talones de forma lenta pero imparable. El ex dictador va acumulando años de vejez, muchos ya, tantos que nunca pisará la cárcel. Pero a poco más que dure, y aunque nunca llegue a ser encerrado en una prisión, todavía puede -y debe- verse sometido a un último y supremo acto de justicia: el de encontrarse, en el último tramo de su vida, con una sentencia judicial condenatoria, seria y minuciosamente redactada, que le proclame ante la Historia como lo que es: culpable de la serie de crímenes y horrores que realmente ordenó cometer. Culpable de delitos tales como aquellos escalofriantes casos de tortura que el fiscal británico, en su memorable alegato del juicio de extradición ante el tribunal de Bow Street, calificó como “Los más execrables crímenes jamás vistos ante un tribunal inglés”.


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