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CASO CAVALLO: NUEVO GOLPE A LA IMPUNIDAD

 


Autor: Prudencio García Martínez de Murguía.

Miembro del Consejo Consultivo de la Fundación Acción Pro Derechos Humanos

Artículo publicado en El País, el día 5 de septiembre de 2000.


El hasta hace pocas fechas director del Registro Nacional de Vehículos de México,  Ricardo Miguel Cavallo, era algo más que el alto ejecutivo que aparentaba ser. En realidad era un ex oficial de la Armada Argentina que tuvo amplia participación en las torturas y asesinatos cometidos por la dictadura militar que asoló a la sociedad argentina entre 1976 y 1983.

Su primer problema surgió cuando cinco personas, ex presos políticos argentinos que pasaron por sus manos, le identificaron como uno de los principales torturadores que actuaba en la Escuela de Mecánica de la Armada (la siniestramente célebre ESMA) entre los años 1977 y 1980, bajo los sobrenombres circunstanciales de Miguel Angel, Sérpico, Ricardo y Marcelo. Su segundo problema se produjo cuando el semanario mexicano Reforma decidió publicar su fotografía junto a la denuncia de sus antiguas víctimas, señalándolo como su antiguo torturador.

Su tercer problema permanecía aparentemente dormido en los archivos de nuestra Audiencia Nacional, pues el nombre de Cavallo no aparecía en la lista de 48 militares argentinos cuya detención pidió en su momento el juez Garzón, ni siquiera figuraba en la lista de los 98 procesados por éste en auto judicial anterior. Pero sí que figuraba -bajo el nombre de Miguel Angel Cavallo- entre los 196 militares imputados dentro de la misma causa, abierta en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de dicha Audiencia por delitos de genocidio, terrorismo y torturas cometidos bajo la dictadura de las Juntas Militares argentinas. Si bien el procesamiento de Cavallo no había sido dictado aún, su nombre, sus datos y sus presuntos delitos eran ya conocidos por la justicia española a través de dicha causa penal.

Pero el cuarto problema de Cavallo, el más amenazador y efectivo, empezó a activarse a miles de kilómetros de México (en Madrid y Buenos Aires), cuando la admirable Asociación Argentina pro Derechos Humanos de Madrid, advertida desde México de la presencia y verdadera identidad del sujeto en cuestión, se puso a actuar con fulminante rapidez. Junto con otra serie de personas e instituciones, que participan conjuntamente como acusación pública en la citada causa,  este benemérito conjunto de luchadores contra la impunidad se puso a actuar en una triple dirección.

Por una parte, aquí en Madrid, acumulando los datos disponibles contra Cavallo en la ya citada causa instruida por el juez Baltasar Garzón, estableciendo para ello inmediato contacto con el magistrado sustituto de éste (ausente en sus últimos días de vacaciones), con objeto de poder cursar cuanto antes a México una orden de detención. Por otra parte, se establecían rápidos contactos con las organizaciones de derechos humanos de Buenos Aires, tratando de confirmar datos, imputaciones e identidad del interesado. En tercer lugar, y de forma simultánea, se hacían gestiones con México, también en una doble dirección: con las autoridades policiales y judiciales, instando la rápida detención del imputado, y con el diario Reforma, tratando de retrasar la publicación de la denuncia lo mínimo suficiente para dar tiempo a esa detención, evitando la fuga que, previsiblemente, se produciría con toda rapidez a partir del momento de la publicación, como así fue.

El resultado de esta carrera contra el reloj se decantó por "cuestión de minutos", si se nos permite la expresión, y con ayuda -todo hay que decirlo- de un benéfico azar, que esta vez se puso del lado de la justicia y no de la impunidad.  Siendo imposible retrasar la salida de la noticia más allá de un cierto límite, ésta se difundió, y Cavallo, viéndose en serio peligro ante la naturaleza de aquella información, se apresuró a tomar el primer avión hacia el único refugio que consideró seguro: su propio país, donde las leyes de obediencia debida y punto final siguen ofreciéndole la coraza protectora que no podría encontrar en ningún otro lugar.

Su vuelo hacia Buenos Aires despegó antes de que la policía pudiera proceder a su captura. Pero he aquí que aquel vuelo hacía una breve escala en Cancún, y fue allí, en el extremo oriental de México, donde el fugitivo fue capturado por la policía federal. Reconozcamos que es cosa muy saludable, y que no deja de ser otra forma de justicia, que cuando tantas personas e instituciones, actuando en tantos lugares y a tanta distancia, ponen su apasionado esfuerzo, su común ilusión  y su tenaz propósito en el logro de una meta justa, ésta se vea favorecida de alguna manera  por el azar. Así ha sido en esta ocasión.

Para colmo de desgracias acumuladas por el antiguo marino, pronto emergió para él un quinto problema, y no precisamente trivial: la justicia francesa, al conocer su detención, ha dado a conocer su reclamación sobre el mismo sujeto, al que se imputa su participación en la muerte de catorce ciudadanos franceses, entre ellos las dos monjas Alice Domon y Léonie Duquet, cuyo secuestro y desaparición en Buenos Aires en diciembre de 1977 le valió al bien conocido capitán Alfredo Astiz  -entonces también teniente como Cavallo- el ser finalmente juzgado en rebeldía y condenado a prisión perpetua en 1990 por la Cour D'Assises de París. Condena en ausencia, cuyos efectos Astiz ha podido eludir permaneciendo sin salir nunca de su país. Harto distinta puede ser la suerte de su colega y compañero de promoción, si prospera el procesamiento y solicitud de extradición que actualmente prepara la Audiencia Nacional.

El hecho de que en la citada causa judicial española, y en el CELS de Buenos Aires aparezca el nombre de Miguel Angel Cavallo y no el de Ricardo Miguel produjo dudas iniciales sobre la coincidencia de identidades. Sin embargo, las últimas investiga­cio­nes de Interpol han establecido que su verdadero nombre es Ricardo Miguel, mientras que Miguel Angel fue uno de los varios alias utilizados en aquellos años por el torturador. En cualquier caso, se trata de la misma persona, según acredita la coincidencia de su número de identidad en el archivo del CELS y en los documentos tramitados en México por su departamento de inmigración.

Se trata, pues, del mismo individuo conocido como Sérpico, jefe de uno de los temibles "grupos de tareas" de la ESMA. "Tenía la sonrisa helada", recuerda una de las víctimas. "Fue él quien torturó personalmente a Telma Jara, una sexagenaria que aun sufre las secuelas", precisa uno de los testigos. "Lo recuerdo demasiado bien. Sólo hay una forma de que no sea él: que tenga un hermano gemelo",  ha dicho otro de los torturados. "Era un auténtico ideólogo de la tortura, y más de una vez presentó notas e instrucciones a sus subordinados sobre cómo lograr una mayor eficacia en la presión física y psíquica sobre los interrogados", precisa otro superviviente de la ESMA.

¿Qué significa la detención y posible extradición de este acreditado (aunque todavía presunto) torturador? Significa demasiadas cosas y demasiado importantes como para ser omitidas en el contexto de los importantes aconteci­mien­tos que en estos últimos años nos ha deparado la larga lucha contra la impunidad. Para empezar por lo más obvio, pero no por ello menos necesario, hechos como éste significan la constata­ción de algo que nadie debería olvidar: que las atrocidades de la ESMA y de otros antros de la represión -tor­turas, violaciones, saqueo de bienes, asesinatos, lanzamiento al mar de cientos de personas narcotizadas- no fueron perpetradas por un grupo de diabólicos fantasmas inmateriales, surgidos de ultratumba, sino por un grupo de sujetos de carne y hueso, vivos y concretos, con nombres, apellidos y graduación militar.

Este episodio significa también, una vez más, la prueba de hasta qué punto erraron aquéllos que, ante el primer auto judicial español (1996) contra algunos caracterizados represores de la dictadura argentina, lo calificaron de "brindis al sol", "gesto estético de nula efectividad", etcétera. Estético, sí. Etico, también. Inefectivo, de ninguna manera. Tanto el general Pinochet como, ahora, el capitán Caballo pueden dar testimonio de esa “inefectividad”.

Otro dato significativo es el hecho de que un país como México –más bien reacio históricamente a capturar fugitivos de otros países que los reclaman- se alinea, con esta decisión, entre los países comprometidos en la lucha contra la impunidad, cuando las imputaciones entran en el campo de los crímenes contra la humanidad.  Por otra parte, su condición de país firmante del Convenio contra la Tortura de 1984 le obliga a este tipo de colaboración inter­nacional.

La corta, imperfecta y muy limitada justicia de los hombres, de vez en cuando, sobreponiéndose a esa limitación, consigue alargar su brazo y atenazar por el pescuezo a algún implacable criminal que se consideraba por encima y a salvo de tal posibilidad.  Todavía no sucede muchas veces, pero cuando ocurre nos hace ver que los esfuerzos contra las muy poderosas fuerzas que generan, propician y mantienen la impunidad, lejos de ser inútiles, arrojan sus frutos. Nuevamente, la impunidad estamental, tradicional, histórica, todavía fuerte y resistente, ha recibido otro golpe no despreciable, y, previsiblemente, habrá de recibir muchos más.


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