Autor: Prudencio García Martínez de Murguía.

Miembro del Consejo Consultivo de la Fundación Acción Pro Derechos Humanos

Artículo publicado en El País, el día 8 de agosto de 2000.

Nadie creía en España, ni en ninguna parte, que Pinochet  pudiera ser juzgado en Chile. Hace unos días Ariel Dorfman escribía, en estas mismas páginas, que ha ocurrido no sólo lo improbable,  sino lo imposible; más aun, lo inverosímil. Así es.  De hecho, todos señalábamos las barreras impenetrables que  protegían al ex dictador, garantizándole la impunidad en su país. Pues bien; una de esas barreras, acaso la principal, acaba de caer. Su inmunidad parlamentaria como senador vitalicio, potente cerrojo que él mismo se preparó en su día  por lo que pudiera venir, ha saltado por los aires en dos tiempos. La  decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, el pasado 5 de junio, se ve ahora ratificada por el pronunciamiento de la Corte Suprema (Tribunal Supremo de Chile), que, de forma inapelable, le retira tal inmunidad. Ello deja más expedita –aunque todavía no totalmente- la vía para ese momento, cada vez más próximo, en que el ex dictador verá por primera vez la cara a la justicia de su propio país.

La presencia fantasmal de los 19 desaparecidos, víctimas de la caravana de la muerte,  aguarda, implacable, la comparecencia ante la justicia del mismo general en jefe que ordenó, pocas semanas después del golpe militar,  la rápida eliminación de una serie de militantes izquierdistas ya encarcelados en diversas ciudades del norte y del sur del país. Unos, pendientes de juicio, otros, ya sentenciados a leves condenas, que fueron precipitadamente sustituidas por la pena capital. Todo lo cual, ejecución incluida,  se hizo bajo la presión directa y conminatoria del general Arellano Stark, designado "oficial delegado" del comandante en jefe del Ejército -el propio Pinochet-  y dotado, para esta misión, de una autoridad superior a la de los comandantes locales. De las 72 víctimas de la operación, las más afortunadas fueron fusiladas. Otras fueron asesinadas por arma blanca, y alguna severamente mutilada. Arellano, y varios jefes más que le acompañaron y actuaron a sus órdenes en aquella patriótica tarea, están ya procesados por sus responsabilidades contraídas en aquella siniestra operación. Todo hace suponer que Pinochet no tardará en acompañarles en esa misma situación procesal.

Observemos, sin embargo, que el ex dictador se ve, una vez más, enormemente beneficiado por las grandes limitaciones legales que pesan sobre la acusación. La imputación que afronta, también en esta ocasión  -igual que ocurrió en Londres, aunque con distinto fundamento legal- sólo constituye una parte mínima de sus verdaderas responsabilidades criminales. Así como en Londres sólo pudo ser acusado, en su juicio de extradición, de los casos de tortura correspondientes a los últimos 15 meses de su dictadura (diciembre 1988 - marzo 1990), excluyendo todos los registrados en los 15 largos años anteriores  (1973-1988)  -severa limitación cronológica impuesta por los jueces lores en su última decisión-, algo parecido sucede ahora en cuanto a la drástica limitación de los delitos que acaban de ser considerados por la Corte Suprema de su país.

En efecto, de las 72 víctimas mortales de la ya famosa y letal caravana, sólo se le imputa el "secuestro" de los 19 desaparecidos, pero ninguna de las muertes. Al no haber aparecido los cadáveres de 19 de las víctimas, y con arreglo a la vigente legislación chilena, el delito imputable es precisamente el de  secuestro, delito que mantiene su vigencia actual mientras los restos mortales no sean hallados e identificados de forma oficial.

En cambio, para las 53 víctimas restantes de la misma caravana, el hecho de haber sido hallados sus cadáveres  confiere a los delitos correspondientes la calificación penal de "homicidios". Con ello,  Pinochet se  ve eficazmente  protegido por su propio decreto de amnistía de 1978, que ampara a todas las muertes y torturas cometidas entre 1973 y 1978 en el marco de la represión militar, entre las que se incluyen los 53 asesinados por la  citada  caravana cuyos cadáveres pudieron ser hallados.  Por tanto, en esa causa  sólo puede ser acusado de los 19 casos de secuestro cuya desaparición perdura hasta hoy. Y  ha sido precisamente la evidencia razonable de su responsabilidad  en aquella operación, y por tanto en aquellos "secuestros" -aunque de hecho se trate de asesinatos- la que le ha llevado a la privación  de su inmunidad  por el más alto tribunal de su país.

Todo esto nos demuestra, una vez más,  lo muy lejos que todavía estamos de poder llevar ante los tribunales a  este tipo de delincuentes, acusándolos de la totalidad de sus crímenes. Todavía conservan enormes apoyos legales, poderosos instrumentos defensivos dentro y fuera de su país, derivados tanto de sus propios sistemas de inmunidad,  indultos, amnistías,  leyes de obediencia debida y punto final (véanse los casos de Chile y Argentina) como de las regulaciones sumamente garantistas que prevalecen en los terceros países involucrados (véanse los sucesivos pronunciamientos de los lores británicos).  Ello obliga  a  la justicia  a buscar aquellas fisuras por las cuales poder acusarlos de una mínima parte de sus verdaderos delitos.

Este es precisamente el caso de Pinochet y demás implicados en la caravana de la muerte, y  éste es el caso, también,  de los importantes mandos militares argentinos actualmente procesados por la  apropiación  ilegal de los bebés nacidos en pleno cautiverio de sus madres, que fueron criminalmente exterminadas después de darlos a luz. En definitiva, se procesa en Argentina por el tema de los bebés a unos hombres culpables de otros delitos de magnitud incomparablemente superior,  pero por los cuales no pueden ser juzgados, dada la coraza legal que todavía los protege en su país. Y en Chile, por idéntico motivo, se procesa a los culpables de la caravana de la muerte sólo por el “secuestro” de 19 personas, y  no por el asesinato de 72, acompañado en muchos casos de torturas. Sin embargo, fueron éstos  –asesinatos y torturas- los verdaderos delitos allí cometidos, aunque no puedan ser imputados. Una vez más, la coraza protectora limita drásticamente el campo de la acusación.  Pues bien: el perforar esta coraza, siquiera sea parcialmente, puede y debe considerarse como un valioso triunfo de la justicia, y así podemos legítimamente considerar la privación de su inmunidad a Pinochet.

Tras el caso de la fatídica caravana,  le aguardan al viejo general las 154 querellas acumuladas por el juez Juan Guzmán, cifra que varía ininterrum­pidamente, elevándose casi todos los días con nuevas denuncias, formuladas por familiares de otras víctimas de la represión.  La última, por cierto, ha sido la referente al sacerdote español Joan Alsina, secuestrado ocho días después del golpe pinochetista  por un grupo de militares cuando regresaba del hospital San Juan de Dios, de Santiago, donde trabajaba. Conducido posteriormente al lugar de su muerte, fue asesinado bajo el puente de Bulnes, en una de tantas operaciones similares desarrolladas por el Ejército en aquel trágico septiembre de 1973.

De esas 154 querellas,  algunas –más bien muchas- serán desestimadas por aplicación de la amnistía de 1978. Pero las correspondientes a casos posteriores a dicha amnistía (el largo período 1978-90), así como los casos de desaparición, conceptuados hoy como secuestro, tanto anteriores como posteriores a ella , sí podrán ser objeto de procesamiento para  los militares participantes en la represión, y presumiblemente, también para el propio ex dictador. La legislación chilena no permite la escapatoria de la edad ni de la mala salud para evitar el juicio de un procesado, salvo que sea declarado demente o mentalmente incapacitado. ¿Se acogerá Pinochet a esta triste salida?  Recordemos que en Inglaterra afirmó que nunca aceptaría salir de allí por compasivas consideraciones humanitarias.  Sin embargo, cuando vio que aquélla era su única vía de escape -tras el fallo judicial adverso- se aferró a ella desde su silla de ruedas, para abandonarla después al pie del avión, en aquel escandaloso gesto que provocó la hilaridad mundial.

Contra todo pronóstico -justo es admitirlo- todo parece indicar que podemos empezar a creer  la afirmación del presidente Ricardo Lagos, que en su día recibimos con escepticismo:  "Vamos a demostrar que Chile es capaz de juzgar a sus propios delincuentes. Si no fuera así, la nuestra sería una justicia castrada", dijo. En realidad, el hecho de sentar frente a sus jueces a un hombre como Pinochet, otorgándole -hasta límites exhaustivos- las máximas garantías de defensa y juicio justo,  no es algo que la humanidad consiga todos los días, ni todos los años, ni siquiera todos los siglos. Muy al contrario, es algo que, por lo excepcional, hace al caso Pinochet -con todas sus vicisitudes pasadas, presentes y futuras- merecedor de entrar en la historia del derecho penal, en su doble concepción territorial y extraterritorial.

Lo inverosímil se hizo verosímil, pasó a ser posible, y acabó convertido en  realidad, gracias  -sobre todo- a la detención de Pinochet en Londres por orden de un juez español. Aquel fue el detonante, el sal­to cualitativo que todo lo trasformó. La justicia puso sus manos por primera vez  sobre el viejo tirano y des­de entonces, de uno u otro modo,  no lo ha soltado. La justicia española hizo lo suyo, y la británica también. Ahora le toca a la chilena, y de momento –pese a la presión militar- está cumpliendo con dignidad.

Celebremos, pues, el triunfo –aunque todavía incompleto- de la justicia chilena como un triunfo también nuestro, y, en definitiva, como un éxito parcial de la humanidad, en su largo y difícil camino hacia la justicia contra un tipo de tiranos históricamente habituados a desenvolverse en la más total impunidad.

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