Autor: Prudencio García Martínez de Murguía.

Miembro del Consejo Consultivo de la Fundación Acción Pro Derechos Humanos

Artículo publicado en El Mundo, el día 5 de agosto de 1995.

La intensa actividad judicial de las últimas semanas en relación con el GAL, y las subsiguientes confesiones de algunos de los implicados, vuelven a situar en un dramático primer plano de la realidad española el más viejo de los problemas morales vinculado a la política: el dilema de la aceptación o el rechazo de un determinado concepto del poder poco escrupuloso, basado en la modernamente llamada por los estudiosos anglosajones "the dirty hands theory" o "teoría de las manos sucias". Aunque este nombre haya sido tomado del conocido título sartriano "Les mains sales", sus formulaciones teóricas son mucho más remotas -Maquiavelo, Hobbes y otros-, si bien cabe imaginar que el problema es tan viejo como la propia humanidad.

Tal teoría puede resumirse así: todo jefe o dirigente de alto nivel, si pretende ser eficaz en el ejercicio de sus funciones al servicio de la cosa pública, ha de estar dispuesto a actuar, en ciertos momentos, más allá de la ley y de la moral. Por el contrario, todo dirigente que acepte como límites supremos e infranqueables los preceptos de la ley y de la moral se verá tan coartado en el ejercicio de sus responsabilidades que no podrá desarrollarlas con la eficacia requerida, lo que redundará en perjuicio del propio bien común de la sociedad.

Obsérvese que el problema no es precisamente trivial, ni su solución resulta unánimemente proclamada, ni siquiera bajo la perspectiva moral. Hasta tal punto es así que, refiriéndonos sólo a las dos últimas décadas, estudiosos como el norteamericano Carl Klockards califican el problema como "insoluble"  -en el ámbito moral, no tanto en el legal-, mientras otros, como el filósofo británico Bernard Williams y el politólogo estadounidense Michael Walzer admiten en determinados casos la práctica de las manos sucias, dentro de ciertas condiciones limitativas. Otros, por su parte, como el profesor Sidney Axinn, rechazan dicha práctica de forma general. Por mi parte, si bien debo adelantar mi posición adversa a tal práctica en todos los casos, creo que no está de más afrontar el tema asumiendo su radical complejidad.

Bernard Williams propone como única "solución" al problema el asegurarse de que el poder radique siempre en manos de individuos cuyo alto sentido moral les haga fuertemente reacios al uso de métodos inmorales. Con ello, al menos, se tendrá la seguridad de que el recurso a las manos sucias quedará reducido al mínimo grado posible, siendo ésta, según ese autor, la única garantía efectiva frente al abuso de dicha práctica. Por su parte, Walzer mantiene que cuando la supervivencia colectiva está en peligro, los dirigentes deben asumir una moral "utilitaria", otorgando primacía a ese fin sin reparar en medios, incluyendo las manos sucias en caso de necesidad. Pero, según precisa, el concepto del "honor" de tales dirigentes debe ser tal que, incluso en estos casos de supuesta necesidad, sus actuaciones inmorales arrojen sobre ellos un fuerte "sentimiento de culpa". Sentimiento que les haga aceptar, más o menos explícitamente, su cuota de responsabilidad por las acciones inmorales que ordenaron cometer. "Extraño tipo de honor", comenta el antes citado profesor Axinn refiriéndose a esta posición de su colega, cuyo criterio analiza y critica en profundidad. Crítica con la que, por mi parte, no puedo por menos de coincidir.

Por su parte, Klockards centra sus análisis en una de las áreas donde este problema se plantea con mayor frecuencia y crudeza: en la actividad policial. Precisamente el área donde se engendró el problema del GAL. En este terreno, dicho autor insiste en que la policía puede -y hasta debe- en ciertos casos "quebrantar la ley para capturar a quienes quebrantan la ley". Pero a continuación -y he aquí lo más notable de su posición- exige el castigo del policía que recurrió a la práctica de las manos sucias, incluso si con ello prestó "un incuestionable beneficio" a la sociedad. Con ello, el problema moral continúa irresuelto -por su carácter intrínsecamente insoluble, según el citado autor-, aunque el aspecto legal, en cambio, se salve mediante la debida aplicación de la ley a aquellos policías que ensuciaron sus manos incurriendo en actos delictivos. Y ello con independencia de que, cometiendo tales delitos, prestaran un servicio -supuesto, o incluso verdadero- al bien común de la colectividad. Incluso en este último caso -siempre según Klockards- sería necesaria la aplicación punitiva de la ley, con objeto de asegurar la no proliferación de tales delitos, amparados en la pretendida bondad del fin perseguido.

Bien distinta es la posición del antes citado profesor Sidney Axinn. Este, sin andarse por las ramas, se sitúa de lleno en el ámbito más propicio para toda clase de excesos: las actuaciones militares en tiempo de guerra. Aun así, rechaza frontalmente la teoría y la práctica de las manos sucias llegando a esta categórica conclusión final: "A pesar del pánico moral que pueda suscitar la amenaza de perder una guerra, la teoría de las manos sucias es simplemente un nuevo nombre para una vieja figura. La vieja figura se llama crímenes de guerra, y un militar honorable no puede elegir esa vía, cualquiera que sea su denominación."

Por mi parte, la línea argumental para llegar a idéntica conclusión se basa no sólo en consideraciones morales sino en la realidad práctica observada in situ en diversos países latinoamericanos, cuyos Ejércitos y Fuerzas de Seguridad perpetraron miles de secuestros, torturas y asesinatos, so pretexto de que tales acciones al margen de la ley resultaban necesarias para ganar una determinada guerra: la "guerra contra la subversión". Lo sucedido en aquellos países en las décadas de los 70 y 80 proporcionó al mundo una dramática constatación: la de comprobar a qué extremos puede llevar una concepción del poder que incluye la práctica de las manos sucias como un eficaz instrumento operativo al que no se debe renunciar. Concepción cuya práctica puede iniciarse secuestrando e interrogando clandestinamente a un sospechoso de terrorismo, y puede terminar en la implantación masiva de la represión -secuestros, tortura y muerte- contra todo tipo de opositores, incluso los ajenos a la violencia, alcanzando los niveles dramáticos que ciertas sociedades, entre ellas las más cultas de América Latina, tuvieron que padecer pocos años atrás.

Recordemos en este sentido un par de decisivos ejemplos, ambos relacionados con ese drama que -todavía- nos hiere a los españoles en el momento actual: el terrorismo, y la necesidad de defendernos contra él. Dentro de tan venenosa problemática, tomenos, en primer lugar, el modelo argentino. Sin juicio, sin procesamiento alguno, sin defensa posible, absolutamente al margen de las propias leyes argentinas, millares de ciudadanos de aquel país fueron detenidos (léase secuestrados), interrogados (léase brutalmente torturados) y sumariamente ejecutados (dígase fríamente asesinados) por unas Fuerzas Armadas y de Seguridad que, a continuación, se ocuparon de hacer desaparecer sus cadáveres de forma igualmente clandestina e ilegal. Todo ello significó, en palabras de Ernesto Sábato en aquel inolvidable informe de la CONADEP, "la más grande y terrible tragedia de la historia del país". La teoría y la práctica de las manos sucias había alcanzado una de sus más altas cimas y uno de sus más paradigmáticos ejemplos de aplicación.

El segundo ejemplo se sitúa en la Italia de los años 70. A raíz del secuestro de Aldo Moro por las Brigadas Rojas, la policía italiana capturó a un importante brigadista que, con gran probabilidad, conocía el lugar donde el líder democristiano permanecía secuestrado. Un alto mando policial solicitó al general Dalla Chiesa -entonces jefe de la lucha antiterrorista- su  autorización para "interrogar" duramente al detenido hasta obtener de él dicho dato, con objeto de poder montar, a continuación, una fulminante operación de rescate que evitara el trágico desenlace que cabía prever. La respuesta del general resultó paradigmática, como posición fáctica y moral frente a las más fuertes tentaciones de asumir las manos sucias como vía de solución: "Italia puede permitirse perder a Aldo Moro; no, en cambio, implantar la tortura." Efectivamente, Italia perdió a Aldo Moro, asesinado días después. Pero la sociedad italiana consiguió finalmente derrotar a aquel poderoso terrorismo, y lo hizo sin torturas, sin secuestros clandestinos, sin ejecuciones sumarias,  mediante la eficaz acción policial y el heroísmo de no pocos jueces, pues varias docenas de ellos cayeron asesinados a manos de la citada organización. Victoria conseguida, en definitiva, sin otros medios que los legítimos de una democracia constitucional.

Vemos, pues, que el problema de las manos sucias -en materia antiterrorista- no puede calificarse de "insoluble", ni en lo fáctico, ni en lo moral, ni en lo legal. Aunque difícil, aunque compleja, aunque apoyada en medios tan controvertidos como la reinserción, cabe la vía de la plena legitimidad democrática, basada en el esfuerzo policial, la entereza judicial y, en definitiva, la fortaleza moral, todo ello, sólidamente respaldado por el firme apoyo de la sociedad.

En definitiva, junto con Sábato, Axinn, Dalla Chiesa y tantos otros, de tan diversos ámbitos y procedencias -tanto del campo del pensamiento como de la acción-, abrigamos la convicción de que, pese a la complejidad de las implicaciones del problema moral que nos ocupa, frente a las teorías justificativas de la práctica de las manos sucias, sólo cabe una posición coherente en lo práctico y lo moral: la de asumir que tal práctica no está justificada jamás, ni siquiera en los casos más extremos que puedan darse en la realidad.

Páginas relacionadas:

Otros artículos del Autor